Por Elsa P. Peniche
Para Héctor Conde Ibáñez, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC ) en Sucre, el Incora (hoy Incoder) estafó a los campesinos porque recibió un pago que hoy desconoce la Ley de Restitución de Tierras. Dice que como gremio exigirán la reforma de esta norma. A continuación segunda entrega de la entrevista que concedió para Blanco y Negro:
Lo de las reservas campesin
as, que usted menciona, también lo abordaron las Farc en La Habana...
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| Héctor Conde Ibáñez |
Si hoy en Cuba las Farc están hablando de la reforma agraria es porque saben que el campesino sufrió mucho con todos los actores armados ilegales. Cuando la guerrilla utilizaba la zona (Montes de María) de corredor o acampaba uno o dos días por allí, venía el ejército y decía que éramos colaboradores de la guerrilla. Posteriormente, entre el 98 y 2000, entran los paramilitares y se agudizaron las masacres de campesinos. Quedamos en dos aguas, en medio de los paramilitares, la guerrilla e incluso del Ejército. Eso generó mucho desplazamiento, pero ese fenómeno no lo ocasionaron los que posteriormente compraron de buena fe, sino los actores armados ilegales.
Gerardo Vega (Premio Nacional de Paz) sostiene que la buena fe tiene que estar exenta de culpa y es lo que no han podido demostrar los tenedores de las tierras reclamadas. ¿Cómo explica la ANUC esta situación?
Porque es una ley que se vino formulando desde el 2007 y los ponentes no tuvieron en cuenta a las organizaciones agrarias de todo el país. Se enfocaron a una ley que es una dictadura por lo siguiente: porque no se tiene en cuenta que el Incora revocó un título en primer lugar y se lo entregó a otro campesino y ese otro campesino recibió ese título y lo registró en Instrumentos Públicos. Son dos instituciones del Estado ante las que el campesino se volvió un legítimo propietario. La Ley 1448 se lleva por encima a esas dos instituciones, no tiene en cuenta que son instituciones del Estado, ni tampoco tiene que ver con los créditos a los que esos campesinos poseedores se hicieron con el Banco Agrario, el Banco Ganadero, con una ONG.
¿No valoran esos casos en los procesos?
No. Y al que se ha sentenciado (a devolver la tierra) no le dicen siquiera: "mire, tal día lo vamos a sacar" o "tenemos una reunión cara a cara con el que le vendió". Me da mucha tristeza, porque viví uno de esos despojos en donde va el juez, la Policía, la Unidad de Restitución, incluso la Armada Nacional con tanquetas como si fueran a sacar a un delincuente. Esa ley es una completa dictadura que no se compadece de la realidad que viven los campesinos en esta zona.
¿El problema es de hechura de la Ley o de la interpretación que hacen de ella los jueces?
Para mí el error está en los funcionarios de Restitución de Tierras, porque no hacen una caracterización como la deben hacer y, como le digo, hay funcionarios, según los campesinos, que les hacen las declaraciones a los reclamantes y lo hacen, a mi juicio, para dar resultados. ¿Qué pasa con eso? Que están creando odio entre los campesinos.
El Gobierno ha reiterado que los que compraron de buena fe no tienen por qué preocuparse, pero la realidad es otra, ya que les resulta difícil en el contexto de violencia demostrar esa buena fe.
Es difícil porque aquí va todo acotejado para el Tribunal de Restitución en Cartagena, porque allí no oyen a nadie y, según las declaraciones que ellos hacen, el juez dice: "Usted es un despojador".
¿Cómo explica que estos campesinos y pequeños productores hayan comprado esas tierras muy por debajo del valor permitido por la ley?
De pronto se compró por debajo del precio comercial, pero sí se compró un poquito por encima del precio que la recibió del Instituto de Reforma Agraria (Incora). En Ovejas, por decir algo, para los años 80 se adquirieron a 40, a 60 mil pesos la hectárea. El que la vendió lo hizo hasta por 150 mil pesos más por hectárea. Incluso esos compradores que adquirieron los predios por debajo, como dice usted, del precio legal, se comprometieron a pagarle la deuda contraída con el Incora en ese tiempo. Tengo campesinos con recibos donde ellos se comprometieron, además de la promesa de venta, a pagar la deuda del Incora y así lo hicieron, incluso al mismo Incoder.
¿Y esos recibos no se los están reconociendo como medio de prueba?
Absolutamente. Consideramos que el Incora y el Incoder han sido unos estafadores a los mismos campesinos, porque si recibieron un pago y les dieron un paz y salvo y hoy eso es desconocido por la Ley de Restitución de Tierras es un ente del Estado también atracador.
¿Qué van a hacer frente a este escenario?
La ANUC no quita una sola letra de nuestra propuesta: que se consideren a las dos partes víctimas, porque el que se fue inicialmente huyéndole a la violencia, que no se la generó aquel que compró, lo hizo a causa de los actores armados ilegales en la zona. Al que está hoy en posesión se le deje allí en ese terreno, produciendo como lo viene haciendo, y el que se fue que lo reubiquen en otro predio en buen estado, se indemnice o se repare. Porque en este momento a quien están despojando sale con las manos en la cabeza, salen con deudas.
¿Cómo piensan lograr ese objetivo?
Reformando la Ley. Aquí si queremos la paz, si queremos la tranquilidad en Colombia los campesinos que son los que más han llevado del bulto en esta guerra sucia que se está llevando en Colombia, entonces que se modifique la ley.
(Publicado el domingo 24 Noviembre 2013 en http://www.elmeridianodesucre.com.co/blanco-y-negro/item/30311-ley-de-restitucion-es-una-dictatura-anuc)
